La disolución de oficio de la persona jurídica, a diferencia de la disolución voluntaria, conlleva la desaparición jurídica del propietario de los bienes, la imposibilidad de iniciar un proceso de liquidación voluntaria de su patrimonio y que éstos pasen a ser bienes inmuebles vacantes o bienes muebles mostrencos, según sea el caso; en esta eventualidad, los municipios o los estados podrían convertirse en los propietarios de tales bienes, según la jurisdicción aplicable en cada país.